Género, acceso a los derechos y políticas públicas en la provincia de La Pampa, a partir de la ley 26485

Abstract

Desde los años 70 los organismos internacionales han impulsado una serie de lineamientos y directrices tendentes a visualizar el creciente rol de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social. A partir de esa época las distintas corrientes feministas promueven el uso del concepto de género como una categoría conceptual que sirve al análisis de la situación de discriminación y subordinación estructural de las mujeres y se instala en la agenda el lema lo personal es político. En nuestro país el desarrollo de los derechos humanos y los derechos de las mujeres en particular tuvieron un gran impulso con la reforma de la constitución nacional en 1994, cuya consecuencia fue la resignificación de la concepción formalista de la ciudadanía y hace hincapié en el acceso a los derechos como derecho humano fundamental. Se analizarán las principales normas internacionales que vinculan a nuestro país que garanticen la aplicación de la perspectiva de género y el acceso a los derechos en condiciones de igualdad de oportunidades para las mujeres. Y a partir de esa base, el trabajo se oriente a indagar y analizar la institucionalización de políticas públicas con perspectiva de género a partir de la sanción de la ley 26485 en nuestra provincia (adhesión por ley 2550) de modo de establecer si han habido progresos sustanciales a partir de las formulaciones legales vigentes y su relación con las prácticas implementadas por los organismos públicos y de la sociedad civil comprendidos en la ley 2550. Esta investigación focalizará en el relevamiento de normas que formulan, diseñan e implementan las políticas públicas en el nivel local y problematizará la manera en que las mismas aplican o tienen en cuenta la perspectiva de género, es decir la posible correlación entre los principios de ciudadanía formal y sustanciales contenidos en aquellas. La ley 26485 (2550) contiene disposiciones que involucran a los tres poderes del estado. En el caso del poder ejecutivo dispone que los distintos ministerios y agencias estatales efectúen determinadas acciones (arts. 7 a 15). Para el caso del poder judicial y sus operadores, la mencionada ley regula también una serie de procedimientos que deben implementarse con perspectiva de género para facilitar el acceso a la administración de justicia. En el caso del poder legislativo de la provincia se relevará la agenda legislativa a fines de buscar de qué manera desde la representación política en lo local se tienen en cuenta los derechos de las mujeres y la perspectiva de género. Además, es importante resaltar que el poder legislativo es quien fija a propuesta del poder ejecutivo el presupuesto de gastos y recursos (art. 68 inc. 13 constitución provincial), lo que significa una clara vinculación entre los sistemas político, el judicial, económico y administrador. Es por ello que se procura realizar una aproximación al modo en que las instituciones del estado provincial y a las organizaciones de la sociedad han puesto en funcionamiento medidas y acciones concretas y en su caso si han incorporado la perspectiva de género en las políticas públicas.

From the 70 international organizations have promoted a series of guidelines and directives designed to draw attention to the growing role of women in different spheres of social life. From that time the various feminist movements promote the use of the concept of gender as a conceptual category that serves the analysis of the structural situation of discrimination and subordination of women and is installed on the agenda the slogan the personal is political. In our country the development of human rights and the rights of women in particular had a major boost with the reform of the constitution in 1994, that resulted in the redefinition of the formalist conception of citizenship and emphasizes access to rights as a fundamental human right. The main international instruments binding on our country to ensure implementation of gender and access to rights and equal opportunities for women will be discussed. And from that base, the work is directed to investigate and analyze the institutionalization of public policies with a gender perspective from the enactment of the law in our province 26485 (accession 2550 act) in order to establish if there has been progress substantial beyond current legal formulations and its relation to the practices implemented by government agencies and civil society covered by the act 2550 this research survey will focus on the rules they make, design and implement public policies on the level local and problematize the way that they apply or take into account the gender perspective, ie the correlation between the principles of formal citizenship and substantial content in those. Law 26485 (2550) contains provisions involving the three branches of government. For the executive branch provides for the various ministries and state agencies to carry out certain actions (arts. 7-15). In the case of the judiciary and its operators, the aforementioned law also regulates a number of procedures to be implemented with a gender perspective to facilitate access to justice. In the case of the legislature of the province's legislative agenda at the end of search how political representation from the local is relieve the rights of women and the gender perspective is taken into account. It is also important to note that the legislature is who sets a proposal of the executive branch spending budget and resources (art. 68 inc. Provincial constitution 13), which means a clear link between the political, judicial, economic and administrator. That is why we are seeking to make an approach to the way the provincial government institutions and civil society organizations have put in place concrete measures and actions and if if have incorporated a gender perspective in public policies.